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¿Cual es el procedimiento de extinción del contrato de trabajo por jubilación del empresario individual?

El empresario individual que no pretenda transmitir su empresa cuando acceda a la situación de jubilado en el régimen correspondiente de la Seguridad Social dispone a su favor de una causa lícita para poder extinguir los contratos de trabajo existentes.

La edad exigida es de 65 años cumplidos. No obstante, en determinados casos especiales, podrán jubilarse con menos de 65 años aquellos trabajadores que, a lo largo de su vida laboral, hayan efectuado cotizaciones en alguno de los Regímenes de la Seguridad Social que reconozcan el derecho a la jubilación anticipada, siempre que se cumplan determinados requisitos. Así, una vez terminada la vida laboral del empresario individual, la actividad empresarial ejercida hasta ese momento se entenderá clausurada, y con ella se extinguirán todos los contratos de trabajo, sin más exigencias adicionales que abonar a los trabajadores la indemnización prevista estatutariamente [art. 49.1.g)-2 ET]. Ahora bien, debe tenerse presente que si la empresa familiar tiene forma jurídica societaria, las exigencias de orden laboral funcionan de otra manera, entre otras razones porque el advenimiento del cumplimiento de la edad de jubilación en uno solo de los participantes de la misma no conlleva necesariamente y en todo caso la cesación de la actividad mercantil, lo que impide, por tanto, proceder a la extinción de los contratos de trabajo en estas circunstancias ( SSTS ud. de 15 de abril de 1992 [ RJ 1992, 2656] , y de 25 de junio de 1992 [ RJ 1992, 4673] ), en la medida en que la actividad empresarial, continua ejerciéndose con normalidad. Por ello, se considera ilegítimo aprovechar la jubilación de uno de los socios de la sociedad para extinguir un contrato de trabajo suscrito por esta sociedad con un trabajador ( STSJ de Cataluña, de 12 de septiembre de 2002 [ JUR 2002, 254924] ). Para la extinción de una empresa cuando está constituida por una persona jurídica (S.A., S.L., etc), deben seguirse los trámites del despido colectivo y solicitar la autorización administrativa, cuando la plantilla es superior a 5 trabajadores, o bien, los trámites del despido objetivo por amortización de puestos de trabajo si la plantilla es hasta 5 trabajadores.

Plazo para cesar en el negocio: No es absolutamente necesario, que el momento de la jubilación y el cierre de la empresa, con las subsiguientes extinciones de las relaciones de trabajo, sean totalmente coincidentes, puesto que entre uno y otros puede mediar un plazo prudencial. La finalidad de este plazo en los supuestos de jubilación es, fundamentalmente, el facilitar la liquidación y cierre del negocio o incluso su posible transmisión; y la duración de tal plazo dependerá de las circunstancias concurrentes en cada caso, no pudiéndose fijar reglas generales aplicables a todos los supuestos.

Procedimiento de extinción: En el caso de jubilación del empresario individual, la extinción de los contratos se produce sin ningún tipo de autorización administrativa previa ( STS de 11 de diciembre de 1987 [ RJ 1987, 8892] ), ni la necesidad de articular un expediente de regulación de empleo ( STS de 30 de junio de 1986 [ RJ 1986, 3766] ), y aunque la norma nada indica con respecto a los tiempos o la forma en que ha de concretarse esta clausura, parece razonable exigir que la decisión se produzca por escrito, y dentro de un plazo razonable.
A partir de dicha manifestación comunicada a los trabajadores se produce la situación de desempleo que les capacita para la solicitud de la prestación por desempleo en el plazo de 15 días siguientes a dicha comunicación escrita.

Plazo de reclamación: El plazo en el cual puede el trabajador reclamar contra la acción extintiva por entender que ha existido efectiva sucesión empresarial, y no, en definitiva, clausura de la actividad empresarial sin continuidad de la actividad empresarial, es de un año, al entenderse razonable la interpretación que aboga por aplicar el plazo fijado con carácter general en el art. 59 ET para todas aquellas acciones que no tengan previsto de manera expresa un plazo más concreto

Indemnización: Dadas estas circunstancias en el empresario individual, y decidida por sus familiares la no continuidad de la actividad empresarial o industrial, se procederá, de un lado, a la clausura definitiva de la actividad empresarial, y de otro, a la extinción de los contratos de los trabajadores en los términos previstos en el art. 49.1.g) ET, abonándose a cada uno de ellos, como indemnización por terminación ante tempus de la relación laboral, “… una cantidad equivalente a un mes de salario”. La exigencia normativa no presupone, en definitiva, que los familiares del empresario individual vayan a hacerse cargo de la empresa, pero impone que únicamente puedan extinguirse los contratos si dicha continuación empresarial no va a producirse. Porque, en caso contrario, lo deseado por la norma es el mantenimiento de los contratos de trabajo de los trabajadores que prestan en la empresa sus servicios. Por ello, precisamente, se entiende improcedente el despido, y no se aplican las reglas indemnizatorias específicas de este precepto, sino las generales de ET cuando el empresario ha accedido a la jubilación y continúa, por sí mismo, ejerciendo la actividad empresarial, pues, en este caso, quiebra uno de los presupuestos de la regla específica: la terminación de la actividad empresarial ( SSTS ud. de 25 de abril de 2000 [ RJ 2000, 4252] , de 14 de febrero de 2001 [ RJ 2001, 2532] , y de 9 de febrero de 2001 [ RJ 2001, 2513] ). Este tratamiento indemnizatorio no comporta una discriminación de trato en relación con otro tipo de causas extintivas, en la medida en que las circunstancias de hecho determinantes de la aplicación concreta de esta causa sí presuponen la aplicación de reglas diferentes a la extinción que se produce con continuación de la actividad empresarial ( STS de 26 de mayo de 1986 [ RJ 1986, 2688] ).
Ha de tenerse presente además que, en estos supuestos, nos encontramos ante circunstancias sobrevenidas e independencia de la voluntad del trabajador, por lo que parece razonable el reconocimiento de una indemnización a su favor, como implícitamente reconoce la STC 304/1993, de 25 de octubre 60 . En cierta forma, con esta indemnización pretende repararse lo inevitable de la extinción por causas independientes de la voluntad de las partes

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